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La ley Celaá sale adelante en el Congreso entre advertencias de que será recurrida ante el Tribunal Constitucional

La ministra de Educación, Isabel Celaá, durante la sesión plenaria en el Congreso. EP

El Congreso ha dado este jueves luz verde a la octava ley educativa de la democracia, una norma, que como sus predecesoras, nace envuelta en la polémica. La propia ministra Isabel Celaá se ha mostrado "feliz" pero ha reconocido que le hubiera gustado contar con un mayor consenso. Tras conseguir la mayoría absoluta necesaria en la Cámara baja, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. El objetivo del Gobierno es que esté aprobada a finales de este año o principios del que viene.

La conocida como ley Celaá ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País y la férrea oposición principalmente de PP, Vox y Ciudadanos, que ya han anunciado que la llevarán ante el Tribunal Constitucional y ante la UE. La ley orgánica ha contado con 177 síes, 148 noes y 17 abstenciones. El diputado de Unidas Podemos Jaume Asens se ha equivocado y ha votado en contra.

El pleno ha sometido a debate y votación el dictamen que aprobó el viernes la Comisión de Educación y FP tras más de diez horas de votación de enmiendas para su inclusión en el articulado. En esta jornada se han votado igualmente aquellas modificaciones que seguían vivas y han sido rechazadasSolo se incorpora una de Más País y Compromís, pactada con los socios de Gobierno, para enseñar cultura fiscal en la asignatura de Valores.

La intervención en el hemiciclo de los grupos parlamentarios ha puesto de manifiesto las discrepancias sobre una reforma que ha suscitado quejas hasta entre quienes han votado a favor. Los partidos que se oponen frontalmente se han referido a ella como un proyecto "ideologizado", la han criticado por su "adoctrinamiento", por "suprimir la cultura del esfuerzo y la búsqueda de la excelencia" y por su falta de libertad, consenso y garantías democráticas. Han dicho además que "ataca a la Constitución". 

Pero también Unidas Podemos, que ha asegurado que se trata una norma que "blinda la educación pública y la inmersión lingüística",  ha aprovechado para recordar que "se han quedado cosas en el tintero". Entre esas cuestiones ha citado la rebaja de la ratio, la eliminación de la Religión como materia, la recuperación de la asignatura de Ética en 4º de la ESO o la "elección democrática de la dirección de los centros". PNV y ERC han recordado asimismo que presenta avances, pero que no es su ley. 

"Ninguna ley española es nuestra ley. La ley del PNV es la ley de educación vasca que se aprobará en el Parlamento vasco. Esta es una ley con vicio de invasión. Nuestra tarea es reivindicar que corresponde a las comunidades autónomas desarrollar las competencias educativas. Pero tiene mejoras que nos llevan a apoyarla, como el refuerzo de las lenguas propias", ha señalado la diputada Josune Gorospe. "Como pedagoga estoy orgullosa de esta ley. Como independentista, no tanto. Lo mejor para la educación catalana es la república catalana pero nunca habíamos llegado a tener un nivel de competencias tan alto. En contraposición a una ley Wert centralista y retrógrada, esta tiene importantes avances muy defendidos por ERC", ha coincidido la parlamentaria Montserrat Bassa.  

El debate sobre las lenguas

Precisamente la supresión de la referencia al castellano como lengua vehicular y la no inclusión finalmente del concepto "lengua oficial del Estado" ha sido uno de los asuntos que más controversia ha generado y que más presente ha estado en el hemiciclo. PP, Vox o Cs consideran que el castellano corre peligro en los colegios porque creen que esta ley dificultará su estudio en aquellas comunidades con lenguas cooficiales. 

"Ustedes, señores separatistas, quieren convertir la escuela en una fábrica de independentistas. Persiguen a los maestros que no comulgan con su credo hasta expulsarlos. En la práctica el español ya había sido erradicado de las aulas en Cataluña mientras el PP y el PSOE miraban para otro lado pero ahora lo hacen oficial eliminando el concepto de vehicular", les ha reprochado el diputado de Vox Joaquín Robles. “El PP tampoco logró que se pudiera estudiar en libertad el castellano en aquellas comunidades con lenguas cooficiales pero ahora se sobrepasa cualquier límite. Los secesionistas se van a ver reforzados y los constitucionalistas nos sentimos vendidos", ha agregado la diputada de Ciudadanos Marta Martín.

La polémica sobre la concertada

El texto ha provocado también el rechazo de la educación concertada, al eliminar la 'demanda social' para abrir nuevos centros o aumentar plazas. Estos colegios no podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. La plataforma Más Plurales, que aglutina a familias, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector, considera esta decisión "fuertemente intervencionista" e impulsora de "la restricción de derechos y libertades ciudadanas". "Atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática", denuncia. Este colectivo ha convocado una concentración de protesta ante las puertas del Congreso. 

¿Es libertad o adoctrinamiento lo que se hace en la concertada? Usar a menores, con lectura de manifiestos, es manipular

Este es un asunto sobre el que existen prismas muy dispares. Mientras el PNV valora que la nueva ley le va a permitir seguir desarrollando un sistema de coexistencia entre la concertada y la pública que califica de exitoso -pese a haber sido rechazada su enmienda para "garantizar la oferta suficiente" de plazas en la aquella-, la CUP lamenta que "no es el cambio de modelo necesario en favor de la escuela pública". Y en una postura diametralmente contraria a ambas, los tres principales partidos de la oposición creen que la ley Celaá también ataca a la concertada, un punto en el que coincide Junts X Catalunya, que ha criticado la actitud de la izquierda de defender lo público a toda costa, "por encima de que el servicio sea de calidad". 

Los temores sobre la educación especial

La educación especial ha alzado igualmente su voz contra esta reforma. Padres, docentes y los propios alumnos vienen reclamando la retirada de ciertos apartados que, aseguran, "vulneran gravemente los derechos de las personas con necesidades educativas especiales". Con "una redacción ambigua", abre la puerta a permitir a las comunidades "vaciar los centros de educación especial de alumnos y, progresivamente, transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado", sostiene la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También.

"Supriman la disposición adicional cuarta. Un sistema debe dar a cada uno lo que necesita, no lo mismo", ha instado la representante del PP María Sandra Moneo, en referencia a una disposición que establece que en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender a alumnos con discapacidad y que los de educación especial estarán dirigidos a niños "que requieran una atención muy especializada". "Hay padres que piden escolarizar a sus hijos en la educación ordinaria y tienen todo el apoyo de Ciudadanos, pero otros quieren hacerlo en educación especial y hacen falta muchas plazas. Ni para uno ni para otros se ponen recursos ni hay una estrategia. Modificar una ley sin un plan y sin dinero es una temeridad", ha señalado Marta Martín.

Bronca final

El debate ha terminado con la intervención de la diputada del PSOE Mari Luz Martínez, quien ha acusado a los detractores de la ley de carecer de comprensión lectora, de no tener visión de Estado y de estar interesados en la confrontación y en "la difusión de mentiras".  "Decir que acabamos con el castellano es un relato ficticio. Solo quieren generar enfrenamiento y odio. Para nosotros las lenguas son motivo de unión. Para ustedes lo son de división, obviando los derechos lingüísticos de más del 40% de los ciudadanos. El castellano está triplemente garantizado", ha dicho. 

Sus palabras más gruesas han llegado a la hora de referirse a la educación concertada. "Ya está bien de utilizar la palabra libertad. La usan de manera muy sesgada, la defienden solo para los que tienen recursos. ¿Es libertad o adoctrinamiento lo que se hace en la concertada hoy? Usar a menores, con lectura de manifiestos. Eso es manipulación", ha resaltado, después de negar que la ley supusiese un ataque contra dicho modelo.

Este punto del orden del día se ha cerrado entre los gritos de "Libertad" de diputados de PP, Vox y Ciudadanos y los aplausos de parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, todos puestos en pie. La ley continúa ahora su camino parlamentario, una norma  que incluye igualmente el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso, o la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general.

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