La reunión de partidos que se ha celebrado este viernes en el Parlament para decidir si se posponían las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero ha terminado con el consenso absoluto de que deben aplazarse y con el acuerdo mayoritario de que se tienen que celebrar el 30 de mayo, según fuentes parlamentarias.

El vicepresidente en funciones, Pere Aragonès, ha lanzado la propuesta a la mesa de posponerlas a esa fecha, que ha sido bien acogida por JxCat, ERC, CUP Y PP.

Los comuns han cuestionado la propuesta inicial de Aragonès de celebrarlas en mayo y le han pedido una fecha concreta, y, cuando el vicepresidente en funciones les ha trasladado la del 30 de mayo, le han manifestado que preferían hacerlas el 16 del mismo mes.

Por su parte, los socialistas ya habían hecho su propuesta de celebrar los comicios el 14 o el 21 de marzo, y lejos de posicionarse sobre la propuesta de Aragonès han hecho hincapié en que estarán pendientes de los detalles técnicos del decreto de aplazamiento.

Por último, el PDeCAT, que había declinado valorar los posibles escenarios antes de reunirse la mesa, pero habían expresado que avalarían una propuesta que generara acuerdo entre JxCat y ERC, han explicado que hubieran preferido celebrar antes los comicios, el 30 de abril o a principios de mayo.

El Govern ha propuesto este viernes a los partidos catalanes posponer las elecciones convocadas el 14 de febrero ante la evolución de la pandemia del coronavirus en Cataluña y las perspectivas sanitarias para las próximas semanas.

Lo ha planteado el Ejecutivo catalán al inicio de la reunión de la mesa de partidos, que ha comenzado en el Parlament pasadas las 12.00 horas.

La reunión ha estado encabezada por el vicepresidente, Pere Aragonès, que hasta ahora no había participado en estos encuentros, y está acompañado por la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, el conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, el de Interior, Miquel Sàmper, y la de Salud, Alba Vergés.

Por otra parte, el Govern prevé reunirse a las 17.00 horas de este viernes de manera extraordinaria para aprobar el decreto de aplazamiento de las elecciones catalanas.

El Ejecutivo ha expresado desde el primer momento que su voluntad es lograr el máximo consenso entre los grupos para garantizar la legitimidad de las elecciones, pero la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, ya avisó de que la decisión final corresponde al Govern, sobre todo si no hay un acuerdo.

Sobre la mesa han estado los datos que ha presentado este jueves la Conselleria de Salud en una reunión técnica con los partidos, en la que han expuesto un informe que estima que el 14 de febrero habrá entre 3.000 y 4.000 casos diarios de coronavirus en Catalunya, y prevé el pico epidémico algunos días antes del inicio de la campaña electoral y el de presión asistencial en las UCI días antes de la celebración de los comicios.

Los protocolos que elaboró el departamento de Acción Exterior -al que le corresponde organizar las elecciones- y aprobados por el Procicat planteaban nueve escenarios diferentes de evolución de la pandemia, de los cuales dos supondrían el aplazamiento del 14F.

El primero de ellos sería el más grave, que implicaría un confinamiento total y la restricción de toda actividad excepto los servicios esenciales, y el segundo más grave, que sería "una restricción absoluta de actividades sociales en amplios espacios y sectores", aunque no detallaba mucho qué limitaciones concretas tendrían que ser.

Debate legal

Un escollo que se ha tenido en cuenta en la mesa de partidos de este viernes es el debate sobre si la Generalitat tiene o no la potestad y la capacidad legal de aplazar unas elecciones, si así lo decide.

El PSC fue el primero en poner en duda la competencia del Govern para hacerlo y este jueves el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, advirtió de que la suspensión de comicios no está contemplada en la ley electoral y pidió cautela porque ve una falta de previsión legal: "Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia".

Desde la Generalitat defienden que tienen cobertura legal para posponer la cita electoral por el coronavirus y se escudan en el ejemplo de Galicia y el País Vasco, además de estar preparando un informe jurídico que, según fuentes del Ejecutivo, dará seguridad jurídica a un hipotético aplazamiento.

De hecho, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ya emitió en septiembre un dictamen que avalaba esta posibilidad y en el decreto de convocatoria del 14F firmado por el vicepresidente, Pere Aragonès, se incluyó un apunte en el preámbulo que contemplaba la opción de posponer las elecciones por el coronavirus, aunque no concretaba en qué supuesto epidemiológico se podría decidir retrasarlos.