El de este martes está siendo un día prácticamente histórico para los vecinos del Raval que llevan más de tres años reclamando acabar con uno de los grandes focos de narcotráfico, consumo y delincuencia vinculada del barrio. Este punto negro del vecindario se encontraba, hasta este martes, en el número 14 de la calle Príncep de Viana. 

Un bloque entero, con 11 viviendas, muy cercano al Mercat de Sant Antoni, que amenaza ruina. Y que es propiedad de un fondo de inversión (Cerberus) que ha hecho oídos sordos a las reiteradas llamadas del Ajuntament para rehabilitar la finca, acabar con los importantes conflictos (sobredosis, abusos sexuales e incluso un homicidio) y cederla al parque de alquiler público de la ciudad.

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A las ocho de la mañana, un nutrido grupo de efectivos de la Guàrdia Urbana y miembros de los servicios sociales municipales han accedido al narcoedificio, en el que han encontrado a 43 personas en su interior, una de ellas menor de edad. Dos de los habitantes han sido detenidos al pesar sobre ellos sendas órdenes de búsqueda y captura.

El dispositivo de desalojo lo ha autorizado un juez que tuvo acceso a un informe realizado por los Bombers de Barcelona el pasado mes de diciembre en el que certificaban el mal estado del inmueble, que plantea problemas de seguridad, así como la insalubridad del mismo. 

En diciembre, el consistorio comunicó a los inquilinos del bloque que debían abandonarlo por estos mismos motivos. Ha actuado en este caso de forma subsidiaria ante la «dejadez» de los propietarios, ha manifestado la regidora d’Habitatge, Lucía Martín. Amenaza con sanciones al fondo y si en seis meses no lo rehabilita, no le dará permiso para venderlo o alquilarlo.

Cambio del modelo de narcopisos del Raval

Por primera vez, los vecinos (entre ellos los organizados alrededor de la entidad Acció Raval) ven con esperanza este operativo, confiando en que al haberse realizado sobre la totalidad de las viviendas (y no sobre algunas en concreto, como sí que ha sucedido en el pasado por parte de los Mossos d’Esquadra) la delincuencia no vuelva a instalarse en la misma finca.

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Sienten que están «asistiendo al final de uno de los últimos narcoedificios» del Raval. Las múltiples operaciones contra narcopisos del barrio, que ha asfixiado este negocio y su modus operandi en la zona, y el nuevo funcionamiento de estos mercados de la droga que resisten en el Raval (en los que solo se vende y apenas se consume in situ) dan esperanzas a los vecinos de que esta lacra pudiera estar llegando a su fin.

"Ahora se consume en la calle"

Los vecinos organizados desde Acció Raval, el azote de los narcopisos desde 2017, han pedido insistentemente durante esta crisis la creación de un fiscal de barrio, una figura igualmente útil en un contexto en el que, en las 35 viviendas que calculan que siguen operando como narcomercados, ya no son puntos de consumo sino solo de venta de droga. 

«Ahora se consume en la calle», aseguran. Y eso provoca que sea necesaria una «actuación social» dirigida a los consumidores. Piden además que se multe a todos los fondos buitre que permiten que los pisos vacíos de los que son dueños sean ocupados por delincuentes.

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Posibles sanciones al fondo inversor

La regidora de Habitatge del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha explicado este martes que el consistorio ha actuado al ver que Cerberus no hacía nada a pesar de que se les llevó a visitar la finca en el mes de noviembre. Ahora el consistorio le da seis meses para que rehabilite el edificio. Si no lo hace, no lo podrá vender o alquilar. Pero, además, el Ayuntamiento también le reclama que lo ceda a la bolsa de vivienda de alquiler asequible.

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"Hace falta que repare el daño que ha hecho, pedimos una compensación", ha dicho Martín, que ha amenazado con sanciones por la actuación que ha llevado a cabo hasta ahora el fondo inversor.

Macro redadas previas 

En octubre de 2020, Mossos, Policía Nacional y Guàrdia Urbana detuvieron a 61 personas en el macro operativo Coliseo contra clanes del Raval, tras desmantelarse 47 narcopisos desde el mes de enero del año pasado. 

En junio de 2019 hubo 50 arrestos dentro del dispositivo Suricat, que estuvo precedido en 2018 de la operación Bacart.