El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que confiere al Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones contra el coronavirus que se adopten a partir del 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma. A partir de entonces, las comunidades propondrán las medidas y el Supremo decidirá, en última instancia, si pueden restringir derechos fundamentales.

El Ejecutivo, por tanto, deja en manos de las autonomías y los jueces el control de la pandemia, y argumenta que no prorrogará la alarma porque "sería poco razonable" que toda España estuviera sometida a restricciones tan "drásticas" como las de la alarma ahora que los datos de incidencia son muy "distintos" en función del territorio, según expresó la vicepresidenta Carmen Calvo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se mantuvo pese a que este martes se celebran las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, Calvo insistió en que "es mucho más ponderado" que cada Gobierno regional tome decisiones que estarán sujetas al "control jurisdiccional".

Así, a partir del 9 de mayo, serán las comunidades las que determinen las medidas restrictivas que consideran necesarias para controlar el virus. Si afectan a derechos fundamentales, necesitarán el aval del Tribunal Superior de Justicia de ese territorio. Y si no les da la razón, podrán acudir al Supremo –algo que hasta ahora no tenían posibilidad de hacer–, que tomará la decisión definitiva.

El recurso al Supremo –que tendrá que decidir en cinco días hábiles– también implica otra novedad: este órgano será el encargado de "unificar doctrina" y evitar diferencias entre las medidas que pueden adoptar las distintas comunidades, algo que ya ocurrió el verano pasado, cuando algunos TSJ tumbaron, por ejemplo, cierres perimetrales en ausencia de estado de alarma.

Esto no significa que las restricciones vayan a ser las mismas en todo el Estado, pero sí garantiza, en la práctica, que todos los presidentes autonómicos tienen a su disposición la misma batería de medidas en caso de que decidan aumentar los controles. Si el Supremo avala que una CCAA imponga una determinada restricción, el resto de autonomías también podrán hacerlo.

Toque de queda y cierres perimetrales

En palabras de Calvo, el decreto aprobado este martes confiere "seguridad jurídica" a esta nueva fase e "igualdad en la capacidad de proteger por parte de los ejecutivos autonómicos". La número dos del Gobierno también consideró que, hasta ahora, los tribunales han "operado en una dirección garantista" y que han "ayudado" a los ejecutivos con sus decisiones, salvo de forma "puntual".

De todos modos persisten algunas dudas sobre las medidas que se podrán mantener a partir del 9 de mayo, especialmente en torno al toque de queda y los cierres perimetrales autonómicos. Sobre la restricción nocturna de la movilidad, la vicepresidenta dijo que "sólo" se podía adoptar "en todo el territorio" con el estado de alarma, aunque dejó abierta la puerta a que las comunidades lo soliciten para ámbitos territoriales inferiores.

En cuanto a los cierres perimetrales, recordó que los jueces validaron medidas similares –aunque, nuevamente, en un ámbito territorial inferior al de una comunidad, es decir, para municipios o barrios– antes incluso del primer estado de alarma, aunque rechazó "prejuzgar" qué decidirán los jueces en esta ocasión.

El debate de la tributación conjunta

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insistió en que el Gobierno no tiene intención de eliminar los beneficios por tributación conjunta en el IRPF, después de que en los últimos días se publicaran varias noticias que apuntaban en esa dirección.

En palabras de Montero, esta medida no está "incorporada" dentro de la reforma fiscal comprometida con Bruselas a cambio de la llegada de los fondos europeos de recuperación. "No está incorporada esta reforma", recalcó la portavoz, que achacó los rumores al ambiente "preelectoral" por el 4-M. "En contexto preelectoral, cualquiera lee lo que quiere", remachó.

Actualmente, la tributación conjunta beneficia a dos millones de hogares y su coste anual asciende a los 1.000 millones de euros. Lo que ha hecho el Gobierno, explicó Montero, es reflejar en el plan de reformas que organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han advertido de su carácter regresivo (porque beneficia más a las rentas altas) y su impacto de género (perjudica la incorporación de la mujer al mercado laboral).

Por ello, concluyó Montero, el comité de expertos que se ha creado recientemente analizará "el conjunto de elementos" que podrían formar parte de la futura reforma fiscal y "aprovechará", entre otros materiales, ese estudio de la Airef. Serán los expertos  sin que por ahora se haya tomado ninguna decisión ni forme parte de la hoja de ruta del Ejecutivo eliminar dichas ayudas.

Prorrogadas tres meses las medidas sociales 

Finalmente, el Consejo de Ministros decidió también este martes prorrogar un paquete de medidas sociales que estaban vinculadas al estado de alarma, como por ejemplo las políticas de moratoria de alquileres y la suspensión de los desahucios de familias vulnerables, que quedan ampliadas hasta el 9 de agosto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el pasado 14 de abril ante el Pleno del Congreso que el Ejecutivo tomaría esta decisión, que se ha materializado unos días antes de que expire el decreto de alarma. 

Además de las citadas medidas en materia de vivienda, Calvo explicó que también se prorroga la prohibición de cortar suministros a familias vulnerables, algo que Sánchez no había mencionado en su comparecencia y que, de hecho, generó dudas.