El senador aragonés ha tomado esta iniciativa después de que, tras la reciente remodelación del Gobierno, el departamento que dirige Montero asumiera también las competencias en Función Pública que anteriormente correspondían a Miquel Iceta, ahora ministro de Cultura y Deporte.

El Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, también conocido como "icetazo" por haber sido precisamente Iceta su impulsor, obliga a las administraciones públicas a reducir la temporalidad en el empleo público, que deberá pasar del 30% actual a un máximo del 8% en cinco años, para lo que se prevén procesos masivos de estabilización que afectarán, sobre todo, a los más de 300.000 interinos (800.000 según otras fuentes) que actualmente ocupan esas plazas y se encuentran en fraude de ley.

Sánchez-Garnica, abogado especializado en Derecho Administrativo, ha asegurado, y así se lo quiere expresar a Montero, que la fórmula elegida ni castiga el abuso en la temporalidad que han venido cometiendo sistemáticamente las administraciones públicas, ni cumple con lo estipulado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de junio de 2021, según la cual un proceso de consolidación como el que prevé el decreto "no es la respuesta adecuada para sancionar el abuso de temporalidad".

Pero, sobre todo, "se olvida de todas estas personas que han venido desarrollando una labor fundamental en las administraciones, en muchos casos durante décadas, dejándolas en la cuneta".

Por ese motivo las plataformas de interinos han dirigido un comunicado público a los distintos grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, para que no convaliden un decreto que pone en serio riesgo sus puestos de trabajo.