El Gobierno contempla la posibilidad de que se celebre un referéndum en Cataluña. En los últimos días, varios ministros han dejado abierta esa puerta de forma consciente, a dos semanas de que se reúna la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat y con la reunión la mesa de negociación entre el Gobierno central y el catalán prevista para septiembre. El diálogo con Cataluña y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado serán los dos grandes asuntos que tendrá que abordar Sánchez a la vuelta del verano.

Este lunes, la ministra de Política Territorial y nueva portavoz, Isabel Rodríguez, se limitó a decir que la Constitución y la ley son un límite que el Gobierno no va a traspasar, pero evitó descartar un referéndum en una entrevista en la Cadena SER. A la pregunta directa de qué responderá el Ejecutivo a los independentistas "cuando vuelvan a plantear un referéndum" en la mesa de negociación, Rodríguez replicó únicamente que "en el marco de la Constitución y la ley cabe todo", mientras que "fuera" de ella, no cabe "nada".

La portavoz agregó que los independentistas "deberían haber aprendido la lección" tras el "importante gesto" que el Gobierno ha hecho en favor de la "convivencia" –en referencia a los indultos–, e insistió en la necesidad de "salir" del "marco de conflicto" entre Cataluña y el resto del país. "Espero que este mensaje de diálogo del Gobierno de España (...) sea valorado. Ha de ser valorado. No todo sigue igual: hay un Gobierno dispuesto al diálogo en el marco de la ley y de la Constitución", recalcó.

Apenas 24 horas antes, el nuevo hombre fuerte del Gobierno de Sánchez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue aún más explícito en una entrevista publicada en El País. Preguntado por la posibilidad de que se celebre un referéndum en Cataluña sobre "algo que no sea una reforma del Estatuto" –que necesariamente tiene que someterse al voto popular–, el ministro dijo que "el camino" es "llegar a acuerdos y luego votar". "Lo fundamental es llegar a acuerdos", insistió.

Bolaños puso el ejemplo de la última reforma del Estatuto catalán, elogiando que "tuvo un respaldo de más del 70% de la población". En concreto, aquel texto fue aprobado en 2006 en las Cortes Generales y, después, logró un 73% de votos favorables en el referéndum celebrado en Cataluña. Fuentes del Gobierno insisten desde hace semanas en que el objetivo final es un gran acuerdo que supere la brecha entre independentistas y no independentistas, y que sería sometido a una consulta ciudadana.

No es la primera ocasión en la que miembros del Gobierno sugieren la celebración de una consulta en Cataluña, aunque su formato, su contenido y su encaje legal son una incógnita. El pasado 1 de julio, el entonces ministro de Política Territorial –hoy titular de Cultura y Deporte–, Miquel Iceta, defendió votar en un referéndum "un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las política del Estado", como fruto del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

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Iceta agregó que la "solución" que se negocie entre ambas partes debería "satisfacer razonablemente a una mayoría" y defendió que el marco legal permite hacer "trajes a medida" para autonomías como Cataluña, que no ha desarrollado todas las competencias previstas en el Estatut de 2006 –enmendado por el Constitucional en 2010– y que sufre "unos problemas de financiación que todo el mundo acepta", en palabras del ministro.

El propio Pedro Sánchez evitó descartar un referéndum en Cataluña. Aunque la votación no podría versar sobre la independencia de la comunidad –eso "nunca jamás" sucederá, dijo, porque "el derecho de autodeterminación, tal como lo concibe el independentismo, no existe en el encaje constitucional–, el líder del Ejecutivo dejó la puerta abierta a otro tipo de consulta. "La fórmula es el diálogo dentro de la legalidad democrática y llegar a un acuerdo", replicó el presidente, hace dos semanas, preguntado por este asunto.

Pese a la deliberada inconcreción con la que el Ejecutivo aborda esta materia, lo seguro es que la delegación del Govern catalán planteará en la mesa de negociación su deseo de que se celebre una consulta de autodeterminación. "Sin duda, en el siglo XXI las soluciones tienen que pasar por las urnas y poniendo fin a la represión, esto es algo que entienden todos los países de Europa", subrayó, este mismo lunes, la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

En este sentido, el acuerdo que en enero de 2020 firmaron PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez establece que, en la mesa de negociación, se buscarán "acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana" y que las medidas pactadas se someterán, "en su caso, a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña", tanto mediante los "mecanismos previstos" en la ley como a través de nuevas vías que "puedan preverse" en la ley.