Fumata blanca al límite del plazo para pactar el mecanismo de equidad intergeneracional con el que el Gobierno pretende garantizar los ingresos del sistema de pensiones para que cubran el aumento del gasto que supondrá la jubilación de la generación del baby boom. El Ejecutivo y los sindicatos suscribieron este lunes –sin los empresarios– un pacto que contempla, entre 2023 y 2032, una subida de un 0,6% de las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresas para sostener las pensiones públicas, un aumento que sufragarán fundamentalmente las compañías, en quienes recaerá un alza del 0,5%.
El acuerdo se ha cerrado únicamente con los sindicatos y del mismo se ha descolgado la patronal, como ya hiciera hace unos meses en las negociaciones para la subida del salario mínimo. El pacto llegó, de hecho, unas horas después de que la CEOE anunciara por la mañana que rompía la negociación al considerar "insuficiente" la propuesta del Gobierno. Los empresarios aseguran que las medidas planteadas por el Ministerio de Seguridad Social "no garantizan el equilibrio del sistema", por lo que este "necesitará medidas adicionales en el futuro para garantizar su sostenibilidad".
La propuesta de Seguridad Social que rechazaron los empresarios también buscaba elevar un 0,6% las cotizaciones sociales que pagan tanto empresas como trabajadores a partir de 2023, pero con un reparto que era más beneficioso para la CEOE del que finalmente se ha firmado. De ese alza del 0,6% planteada por el Ejecutivo, en esa oferta inicial un 0,4% correspondía a la empresa y el monto restante, un 0,2%, al trabajador. Pero la CEOE rechazó la propuesta porque entiende que "no es el momento de aumentar los costes empresariales y poner en riesgo la recuperación al erosionar la productividad y la competitividad de las empresas".
Los sindicatos, por el contrario, han visto desde hace semanas con buenos ojos que aumenten las cotizaciones sociales para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Este lunes, CCOO y UGT aprovecharon la decisión de la patronal de romper la negociación para redoblar sus exigencias y finalmente consiguieron que la aportación de los trabajadores vaya a ser menor -un 0,1%- en detrimento de las empresas, que verán sus cotizaciones elevadas un 0,5%.
Escrivá dice que no afectará a la creación de empleo
Por su parte, tras conocerse el acuerdo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que la subida de las cotizaciones no afectará a la creación de empleo. En una comparecencia ante los medios, sostuvo que el incremento "es muy pequeño" y "no tiene por qué" suponer "un problema de costes laborales". El ministro incidió en que el coste laboral por hora trabajada en España es de 21 euros, cinco menos que la media europea.
Además, vaticinó que la hucha de las pensiones recuperará músculo y que podría acumular hasta 50.000 millones para 2032. En 2011, llegó a contar con 67.000 millones de euros, pero tras los años de crisis, en la actualidad apenas supera los 2.000. “La situación del sistema será más manejable”, apuntó el ministro, que advirtió de que, de no haber llegado a este acuerdo, los pensionistas podrían haber visto recortadas sus prestaciones en un 2% a partir de 2023. Finalmente, y preguntado por la ausencia de los empresarios en el acuerdo, Escrivá lamentó que no hayan firmado y sostuvo que la patronal no presentó ninguna propuesta alternativa.
En 2033 se evaluarán las cuentas
La subida empezará a aplicarse en 2023 con el fin de de rellenar las mermadas arcas del fondo de reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros. El dinero extra que se recaude, explican fuentes del Ministerio de Seguridad Social, servirá como "válvula de seguridad" del sistema de pensiones a partir de 2033 -cuando las cuentas comenzarán a tensionarse por la jubilación masiva de la generación del baby boom-.
En 2033, el Gobierno evaluará las previsiones de gasto de la Seguridad Social. En función de la situación del sistema de pensiones, habrá dos opciones a partir de ese año. El escenario más favorable se produciría si los informes de envejecimiento elaborados por la UE no detectaran una "desviación de la senda de gasto previsto" hasta 2050. En tal caso, el dinero recaudado en el fondo de reserva a través de esta subida de las cotizaciones se utilizaría "para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones", explica Seguridad Social.
No obstante, cabe la posibilidad de que se registre "una desviación de la previsión de gasto en pensiones en 2050 con respecto al informe de 2024", el que se utilizará como referencia. Si ese fuera el caso, lo pactado por Gobierno y sindicatos es que el dinero extra recaudado por la subida de cotizaciones se vaya utilizando paulatinamente para cubrir ese aumento temporal de la inversión en pensiones sin tener que reducir la cuantía de las prestaciones.
Ejecutivo, CCOO y UGT, no obstante, han dejado en el aire lo que ocurriría en el caso de que, incluso utilizando lo recaudado en el fondo de reserva, el gasto en pensiones para 2050 se disparase y no pudiera asumirse con las actuales medidas. Si se produjera ese escenario, el más pesimista, el Gobierno se ha comprometido a negociar con sindicatos y patronal si recorta las prestaciones o sube los impuestos para sufragar el gasto.
Sustituir el factor de sostenibilidad
El mecanismo de equidad intergeneracional acordado este lunes por el Gobierno y los sindicatos sustituirá al polémico factor de sostenibilidad instaurado por el PP en su reforma de las pensiones de 2013 y que nunca llegó a entrar en funcionamiento por la fortísima oposición que generó. Este factor, que quedará derogado antes de fin de año, condicionaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida, lo que hubiera supuesto para la mayoría de los futuros jubilados una rebaja muy importante en su prestación en comparación con las actualmente vigentes.
La medida pactada este lunes se aprobará en las próximas semanas junto al resto de la primera parte de la reforma de las pensiones, que se está tramitando ahora mismo en el Congreso. El nuevo mecanismo se introducirá en el texto definitivo a través de una enmienda, y tanto esa medida como el resto -entre las que se cuenta, por ejemplo, la que vincula la subida de las pensiones con el IPC para que no pierdan poder adquisitivo año a año-, entrarán en vigor antes de que acabe 2021, tal y como el Gobierno prometió a Bruselas a cambio de los fondos de recuperación.
A Seguridad Social, no obstante, le quedan por delante meses de negociación para cerrar la segunda parte de la reforma de las pensiones, la que incluye los asuntos más polémicos, que tiene que estar aprobada antes del 1 de enero de 2023. Entre las medidas a negociar se encuentra el aumento del periodo de vida laboral utilizado para calcular la cuantía de la pensión, un compromiso asumido con Bruselas.
Tanto CCOO como UGT se congratularon por un acuerdo que, en palabras del líder de CCOO, Unai Sordo, supone un "éxito sindical indiscutible" porque garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones por la vía de aumentar sus ingresos y no de recortar la cuantía de las prestaciones. Su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, celebró por su parte que se envíe "al baul de los recuerdos" el factor de sostenibilidad del PP.
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