La Fiscalía suiza cierra su investigación por presunta corrupción sobre los 65 millones de euros que el rey emérito Juan Carlos I recibió de la monarquía de Arabia Saudí.
La Fiscalía de Ginebra ha archivado la investigación que abrió en agosto de 2018 para determinar si hubo alguna ilegalidad en esa donación de 65 millones de euros que don Juan Carlos recibió de Arabia Saudí por intermediar en la concesión de las obras del AVE a La Meca y que posteriormente regaló a su antigua amiga íntima Corinna Larsen.
La Justicia no ha logrado demostrar el origen ilícito del regalo de Arabia Saudí a una fundación creada en 2008 por el entonces monarca en activo para ocultar los millones.
Tres años de investigación
Después de tres años de indagaciones, el fiscal Yves Bertossa señala, en un comunicado, que no es posible “establecer un vínculo suficiente” entre el dinero procedente de Arabia Saudí, ingresado por Juan Carlos I en una cuenta del banco Mirabaud en Ginebra de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario, y la concesión de los contratos para construir en este país el tren de alta velocidad.
No obstante, Bertossa concluye que hubo “un deseo de encubrimiento" a la vista de la estructura financiera montada para la donación recibida en 2008 y la falta de documentación para justificar las transferencias.
La cuenta de Lucum se cerró en junio de 2012 y los 65 millones se transfirieron a una cuenta de una sociedad gestionada por Corinna en las Bahamas.
Yves Bertossa ha cerrado así la investigación que realizaba sobre la Fundación Lucum y en la que mantenía como investigados por posible blanqueo de capital y cobro de comisiones irregulares tanto a la examante del rey emérito Corinna Larsen y a diversos gestores, como Arturo Fasana y Dante Canonica, y otros banqueros.
Esa fundación panameña, de la que era beneficiario Juan Carlos I, fue la depositaria de una donación de 100 millones de dólares realizada en 2008 por el rey Abdalá de Arabia Saudí.
Cuando conocieron los hechos, el Rey Felipe VI y su hija Leonor, la Princesa de Asturias, procedieron a una declaración ante notario el 12 de abril de 2019 en la que renunciaban a cualquier herencia que pudiera legarles Juan Carlos, si bien no fue hasta marzo de 2020 cuando se hizo pública esa decisión.
Además, en el comunicado de Casa Real se incluyó un mensaje de Don Juan Carlos, aclarando que este en ningún momento "facilitó información" sobre las fundaciones a su hijo.
Dos nuevas investigaciones
Con el Rey emérito ya exiliado, en noviembre la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció dos nuevas investigaciones. La primera, por el uso por parte de Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Dado que los gastos superaban los incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, la Fiscalía previno de que podrían constituir delito fiscal.
La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del Rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca procedió el 9 de diciembre a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.
A esta siguió una segunda -en teoría la última- el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver con "determinados gastos por viajes y servicios realizados" por el Rey emérito a costa de la Fundación Zagatka, a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón.
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