El Congreso votará el martes que viene si se prorroga una de las medidas más controvertidas que se han tomado en los últimos meses para afrontar la pandemia, la que volvió a hacer obligatorio el uso de la mascarilla por la calle. Para que la decisión -que entró en vigor el 24 de diciembre- no decaiga y para captar más votos afirmativos de los grupos, ha incluido en el mismo decreto-ley la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021. De momento, ya ha conseguido que Bildu o Compromís se unan al bando del sí, en el que el Gobierno no suma todavía los votos necesarios para convalidar el decreto. En caso de que no ocurriera así, la obligación de llevar la mascarilla al aire libre dejaría de estar en vigor inmediatamente.

"Fuimos muy críticos con el decreto de las mascarillas en el exterior, pero al haber incluido lo de las pensiones sin venir a cuento, es muy difícil que rechacemos", apuntan fuentes parlamentarias de Bildu, uno de los partidos a quienes no les gusta su imposición de nuevo al aire libre. Sin dar tantos detalles, el PNV indica que aún no tiene decidido su voto y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, anunció ayer su voto a favor, por la revalorización de las pensiones y la posibilidad de contratar a médicos extracomunitarios o de que los sanitarios jubilados compaginen su pensión con volver temporalmente al trabajo, pero no por la mascarilla.

"Habría que recordarle al Gobierno que los decretos collage que tanto criticó cuando gobernaba Rajoy no son una manera buena de legislar", advirtió no obstante Baldoví sobre el anzuelo que el Gobierno ha lanzado a los grupos para que el Congreso autorice prorrogar la obligación de llevar mascarilla, incluyendo en el mismo decreto la revalorización de las pensiones no contributivas, mínimas, de viudedad o de discapacidad con el IPC de 2021. Si no se convalida, dejará de ser obligatorio llevar mascarilla por la calle, pero los pensionistas no recibirán tampoco una paga compensatoria en abril de 2022.

Algunos de los partido que suelen apoyar al Gobierno afirman abiertamente que  la inclusión de la revalorización de las pensiones en un decreto de medidas "para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid" ha decantado su voto a favor a un decreto que de momento no tiene apoyos suficientes. Por varios motivos, entre los que destaca la falta de falta de justificación de una medida que en diciembre pasado fue recibida con críticas de los ciudadanos, los expertos y políticos de todo el arco ideológico.

No consiguieron modificar una decisión que se tomó en pleno aumento de los contagios por la variante ómicron, a las puertas de la Navidad y ante la negativa del Gobierno y comunidades a tomar medidas más drásticas y con efectos económicos, como limitar horarios o aforos en la hostelería. En ese contexto y por muy incomprensible que pareciera en otros foros -por ejemplo, era posible quitársela para entrar a un bar lleno de gente-, la vuelta de la mascarilla por la calle se convirtió en la gran medida de la Conferencia de Presidentes del 22 de diciembre. Pedro Sánchez la decretó días después de que la reclamaran hasta siete presidentes autonómicos, de Castilla y León, Andalucía, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.

El PP exige informes sanitarios y técnicos

Aunque algunas de estas comunidades están gobernadas por el PP, los populares en el Congreso son claros y advierten al Gobierno de que si no facilita antes los informes "técnicos y sanitarios" que le llevaron a tomar la decisión, no apoyará el decreto. Fuentes 'populares' señalan que eso no significará una abstención, sino un 'no'. 

Fuentes del Ministerio de Sanidad no aclaran si se ofrecerá más información para atraer al PP al 'sí' y se limitan a recordar que la ministra, Carolina Darias, todavía tendrá el martes que defender el decreto en la tribuna del Congreso, aunque sin aclarar si llevará algo que satisfaga las exigencias del PP.

La oposición frontal a las mascarillas o, en general, a todo lo que suene a restricciones hace que Vox ya haya anunciado su voto en contra. Su portavoz en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegman, exigió este miércoles a Darias "fuera toda medida de coerción". "La mascarilla en exteriores, no", exclamó.

Por otra parte, el Gobierno no podrá buscar en esta ocasión el voto de Ciudadanos, que ya ha anunciado que se posicionará en contra, no solo porque se opone al uso de la mascarilla, sino al cambio legal que, si se convalida el decreto-ley, dejará definitivamente en manos del Gobierno cualquier decisión posterior.

El decreto "habilita" al Ejecutivo para que cualquier decisión sobre el uso de las mascarillas ya no se articulará mediante otro decreto-ley que tendría que tener de nuevo el visto bueno del Congreso sino mediante una decisión del Ministerio de Sanidad, después de escuchar a las comunidades.  

Ocurrirá "cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen en función de la evolución de los indicadores epidemiológicos de la pandemia", añade el decreto que es tan poco preciso sobre el fin de la obligación de llevar mascarilla como la ministra Darias, que este viernes se limitó a señalar que el objetivo es que esté en vigor "el tiempo mínimo imprescindible" y se retirará "cuanto antes".