El juzgado de Tremp (Lleida) ha abierto dos procedimientos a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía en relación con la gestión del brote de Covid-19 que  afectó a la residencia Fiella de Tremp en noviembre de 2020. Las causas se han abierto contra la exdirectora técnica del centro y la religiosa responsable de Higiene Sanitaria; a una de ellas por supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores, y a la otra por supuestos delitos de homicidio imprudente y vejación injusta. 

El brote provocó la muerte de 64 de los 142 residentes del centro entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre y, según la denuncia de la Fiscalía de Lleida, aquellas semanas hubo dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y una falta de asistencia sanitaria real.

La semana pasada, la Fiscalía de Lleida presentó la denuncia contra las dos extrabajadoras de la residencia Fiella de Tremp y este miércoles el juzgado de la capital de la comarca del Pallars Jussà ya ha abierto dos causas contra ellas. En los autos de las causas figura que se ha citado a declarar a 49 trabajadores de la residencia, a diversos testigos más y a los Mossos d'Esquadra.

En la denuncia hecha pública, se detallaban toda una serie de aspectos de gestión graves, por los que a pesar de la situación de pandemia mundial declarada 9 meses antes de los hechos, las investigadas no actuaron como era de esperar.

Según la Fiscalía, había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que llevaban días muertos

Múltiples irregularidades: desatención médica, hambre, sed y frío

Entre las muchas irregularidades descritas por la Fiscalía, destacan que se privó a los usuarios de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos más próximos. Pasó, por ejemplo, que no se sirvieron cenas a los residentes hasta pasada la medianoche y también se apunta a que, en aquellos días, muchos pasaron frío, hambre y sed.

Otra de las incongruencias citadas hace referencia a la descoordinación. Era tan grande, según la Fiscalía, que incluso había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que llevaban días muertos.

Otras irregularidades tendrían relación con el incumplimiento del protocolo estricto de visitas de familiares, ya que no se habrían controlado, por lo que hubo personas con "ciertos privilegios", porque las visitas no se supervisaban ni se hacían de forma equitativa.

Algunos familiares se llegaron a enterar de la muerte de sus parientes por la funeraria, por conocidos del municipio 
o por voluntarios de la residencia

Pésima gestión de los fallecimientos

La gestión de los fallecidos por Covid-19 fue caótica, según la denuncia, hasta el punto de que familiares de los residentes pasaron días sin tener ninguna noticia de la situación.  

Algunos fueron informados de que sus mayores se encontraban en buen estado de salud cuando ya habían muerto y a otros directamente no se les avisaba de que su familiar había muerto. 

No había un protocolo de defunción y esto provocó que algunos familiares se enterasen de la muerte de sus parientes por la funeraria o por conocidos del municipio o voluntarios de la residencia. Otros, incluso, tuvieron que ir a buscar al centro a sus familiares entre las habitaciones en las que se encontraban los fallecidos y algunos se vieron obligados a recuperar los cadáveres por sus "propios medios".