En lo que llevamos de mes de febrero, el Gobierno ha defendido o tomado dos decisiones relativas al uso de la mascarilla contrarias entre sí, porque el día 1 pidió la autorización del Congreso para prorrogar la obligación de llevarla también por la calle y el día 8 aprobó un decreto para justo lo contrario. Sin embargo, tienen en común que ninguna de las dos ha pasado por el canal por el que se toman -o deberían tomarse- las decisiones relacionadas con la Covid dentro del entramado del Consejo Interterritorial de Sanidad. Han sido más bien decisiones políticas y el dictamen final, el que se tome en su momento para derogar la obligación de llevar mascarilla en espacios cerrados, también queda de momento fuera del alcance de los expertos en Salud Pública porque no figura en el protocolo de "gripalización" para afrontar la siguiente fase de la Covid.

Desde el principio, el uso de la mascarilla ha discurrido por cauces distintos a como se toman las decisiones sobre la crisis sanitaria, que parten de una propuesta de los expertos del ministerio y las comunidades que forman parte de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, pasan después por los directores generales en la Comisión de Salud Pública y reciben el refrendo definitivo en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se sientan ministra y consejeros autonómicos de Sanidad.

El Gobierno busca un nuevo método para hacer seguimiento de la pandemia ante la imprecisión de las cifras de contagios

Este es el esquema que se está siguiendo para elaborar el esperado siguiente paso que se dará una vez que se dé por terminada la sexta ola, para pasar de un sistema de respuesta a la pandemia a uno que tratará la Covid como una enfermedad "endémica", según plantea el Gobierno. Es lo que se ha llamado la "gripalización" de la Covid, mediante un protocolo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea poder debatir ya junto a las comunidades en la Conferencia de Presidentes que se celebrará de forma presencial en La Palma el 25 de febrero.

Antes de eso, la Ponencia de Alertas ya está ultimando un primer documento base para el "corto y medio plazo" después de la sexta ola y al que posteriormente deberá seguir otro más a largo plazo en el que, esta vez sí, se contemplará un nuevo sistema de vigilancia de esta enfermedad -quizá parecida a como se vigila la gripe- que debería pactarse también a nivel europeo.

Según fuentes conocedoras de los trabajos de los técnicos que pasarán después a la Comisión de Salud Pública, en este próximo "protocolo de vigilancia" habrá nuevas pautas sobre tipos de contactos sociales y medidas no farmacológicas, pero entre ellas no se contemplan cambios en el uso de la mascarilla. 

Ajena a la Ponencia de Alertas

A nivel técnico, se indica que desde el principio esta materia ha sido algo que no depende de las propuestas que se hacen y deciden en los órganos del Consejo Interterritorial, sino mediante leyes estatales que después son traspuestas por las comunidades. Las fuentes consultadas recuerdan que ninguna de las decisiones que han tenido que ver con la mascarilla han partido de la Ponencia de Alertas. 

Con respecto a las últimas decisiones, el Gobierno ha aludido a indicaciones de la OMS, una escueta encuesta del Instituto de Salud Carlos III o incluso a las decisiones de otros países europeos para defender que el uso de la mascarilla en exteriores ha sido la mejor "barrera" para frenar los contagios por la muy transmisible variante ómicron.

Y así, cuando en la Conferencia de Presidentes del 22 de diciembre se anunció la vuelta de las mascarillas en la calle, la decisión se tomó en contra del criterio de numerosos expertos, que la veían inútil, y nunca fue validada por los técnicos de Salud Pública del ministerio y comunidades.

Tampoco lo fue la decisión que se anunció unas semanas después, esto es, la intención de volver a eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Para ello, en principio se iba a convocar a la Comisión de Salud Pública, que toma las decisiones, por ejemplo, en materia de vacunación. Sin embargo, finalmente la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se reunió con el nivel más alto de toma de decisiones, esto es, el nivel político. A los consejeros autonómicos se informó de la opinión a favor del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaras que dirige Fernando Simón, pero tampoco hubo rastro de los primeros niveles -técnico- de decisión.

Aunque no es de su competencia, el Gobierno también determinó que la mascarilla tampoco tendría que llevarse en los patios de los colegios, que llevó a que cada comunidad haya redactado su correspondiente orden para hacer efectiva esta medida.

Fuera del 'semáforo'

En realidad, siempre ha sido así con respecto a las mascarillas, según recuerdan fuentes de la Ponencia de Alertas. Este grupo de expertos en Salud Pública tuvo su primer momento destacado en pandemia cuando elaboró el "semáforo Covid", el esquema de medidas no farmacológicas que correspondían a cada nivel de de riesgo y los indicadores para evaluarlo, que incluía cierre de locales, reducciones de aforo o recomendaciones para no salir de casa. Entre ellas no figuraba nada relativo al uso de las mascarillas porque a nivel político ya había sido decidido antes.

La primera versión de este documento -que en realidad se llama Documento de Acciones Coordinadas- es de octubre de 2020, mientras que la primera ley relacionada con las mascarillas es de junio de ese año, cuando el Gobierno decretó multas de hasta 100 euros si no se llevaba puesta cuando no se pudiera guardar una distancia de 1,5 metros.

Esta decisión vino precedida por las indicaciones que en ese sentido hicieron varios consejeros de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Sanidad un mes antes. Según el acta de la reunión de 11 de mayo, los representantes de la Comunidad de Madrid, de Murcia y de Extremadura pidieron al Gobierno que por lo menos recomendara su uso.

Finalmente fue más allá y fue una obligación bajo pena de multa que poco después se reforzó aún más, con el apoyo unánime de las autonomías y, de nuevo, sin que los técnicos de Salud Pública de la Ponencia de Alerta fueron invitados a dar su parecer. Una orden ministerial de Sanidad de julio de 2020 la hizo obligatoria "en todos los lugares públicos con independencia de la distancia interpersonal, porque además de una medida de protección es una fórmula de concienciación frente a la pandemia", según informó el entonces ministro, Salvador Illa, a los consejeros en una reunión del 13 de julio de 2020.

En octubre de ese año, Sanidad y comunidades aprobaron el primer "semáforo" donde no se mencionaban las mascarillas, porque su uso iba un canal paralelo que desembocó en una nueva decisión en junio de 2021, cuando el presidente del Gobierno anunció por primera vez que la mascarilla dejaría de exigirse al aire libre. Esto podría haber cambiado si el Gobierno hubiera escuchado las peticiones que, también a nivel político, le hicieron apenas un mes después los consejeros de Cataluña, Andalucía y Castilla y León para que se recuperara su uso en exteriores con el objetivo de frenar la quinta ola, que el verano pasado afectó sobre todo a la población más joven.

Fin definitivo de la mascarilla

Si nada se tuerce, la próxima decisión que se espera del Gobierno con respecto a las mascarillas es la derogación de la obligación de llevarla también en espacios cerrados, en la que la Ponencia de Alertas no cuenta tampoco con tener nada que ver.

De momento, el Gobierno no pone fecha a este definitivo movimiento y llama la "prudencia" y a seguir "la evolución de la pandemia". La ministra portavoz, Isabel Rodríguez,  dijo este martes que la vacunación y el nivel de inmunización son "ventajas" que podrían llevar hacia esa medida en España, pero pidió también "no lanzar las campanas al vuelo" antes de pensar en quitarse también la mascarilla en espacios cerrados.