Todos los hospitales públicos deberán garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, los centros de salud serán los principales proveedores de información sobre este derecho,  las mujeres no recibirán el habitual sobre cerrado ni deberán cumplir los tres días de reflexión obligatoria antes de abortar, y no se exigirá el consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años. Así lo fijará el proyecto de ley de reforma de la ley del aborto en la que trabaja el Gobierno y cuyos principales puntos avanzó este miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados.

"Pienso que la mejor forma de honrar hoy todos esos esfuerzos colectivos es reconocer que aún existen obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo y pleno del conjunto de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en la propia norma del 2010", aseveró Montero, destacando la necesidad de hacer evolucionar la norma en el ámbito de la salud sexual, salud reproductiva, salud menstrual y educación sexual.

Esos cuatro ámbitos, de hecho, constituirán los pilares sobre los que se erija el texto de reforma de la ley del aborto que afronta ahora su recta final en el seno del Ejecutivo y luego tendrá que pasar al Congreso para su tramitación parlamentaria. En lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, la ministra de Igualdad insistió en eliminar las dificultades que, según sostiene, "impiden" que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto. 

Garantizar el aborto en todos los hospitales públicos

Por ello, y según ya viene avanzando Igualdad en los últimos meses, el Ejecutivo plantea blindar ese derecho en todos los hospitales, a través de los centros de salud, y mediante un registro de objetores de conciencia parecido al que se estableció para la ya aprobada ley de eutanasia. "Todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia deberán tener profesionales que puedan garantizar la interrupción voluntaria del embarazo", avanzó Montero. "Respetaremos escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia, y lo haremos escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpo", añadió.

De este modo, el centro de salud será el encargado de garantizar la información necesaria para tomar la decisión y en ese proceso se eliminará la obligación de recibir el sobre actual (normalmente con información sobre ayudas a la maternidad), que se concederá solo en caso de que se solicite. Así, la mujer podrá ser derivada "inmediatamente" a un centro hospitalario, donde se le practicará el aborto "por un procedimiento de urgencia". 

Se elimina también, por tanto, los tres días de reflexión obligatoria que existen a día de hoy. "Obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días, como si sus decisiones no fuesen legítimas. ¿Se imaginan que esto sucediera con un hombre que acude al centro de salud para proteger su derecho a la salud?", subrayó la titular de Igualdad. 

Regularización de la objeción de conciencia

La regularización de la objeción de conciencia es un punto en el que lleva haciendo hincapié el Ministerio de Igualdad como principal obstáculo que se encuentran las mujeres que quieren abortar. Es un asunto que ha suscitado polémica desde el principio, pues los más críticos lo ven como una amenaza al derecho a ser objetor. Sin embargo, desde el departamento de Irene Montero señalan que "hay hospitales en los que todos sus profesionales se declaran objetores de conciencia, y comunidades autónomas que aluden a ello para explicar por qué no asumen los abortos en la sanidad pública". 

Un informe del Ministerio de Sanidad del año 2020 constató que el 87% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en entornos extra hospitalarios, de los cuales el 78% fueron centros privados. Además, recordó Montero, hay hasta 12 provincias -Jaén, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora, Soria, Cáceres- que, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no han practicado ningún aborto en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados. 

Aun así, la ministra de Igualdad aseguró que en ningún momento se vulnerará el derecho a la objeción de conciencia, sino que se buscará garantizar que en todos los hospitales públicos haya un profesional dispuesto a practicar abortos.  

Bajar la edad mínima a los 16 años

Otro asunto en el que pretende incidir la futura ley es la derogación de la reforma del PP que, en 2015, elevó a 18 años la edad mínima para poder interrumpir voluntariamente el embarazo. Si se aprueba esta reforma, las menores que tengan 16 ó 17 años podrán abortar sin necesidad de contar con el consentimiento paterno. "Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos", aseveró Montero.

Educación sexual, violencia obstétrica y salud menstrual

"La norma que estamos impulsando supone un cambio de paradigma para que la salud sexual de las mujeres no esté orientada ni exclusiva ni fundamentalmente a la gestación, sino al disfrute de nuestra sexualidad, con un enfoque interseccional y de enorme respeto por las diferentes preferencias sexuales", destacó la ministra de Igualdad durante su comparecencia.

Y es que la nueva ley del aborto contemplará cambios que abarcan otros ámbitos. Uno de ellos es el de la salud reproductiva. Entre otras cosas, la ministra de Igualdad se refirió a la urgencia de prevenir y erradicar la "violencia ginecobstrética" -otro concepto controvertido por el rechazo que ha despertado en asociaciones sanitarias e incluso desde el propio Ministerio de Sanidad-, e impulsando las "buenas prácticas que en muchos hospitales de nuestro país ya desarrollan los profesionales sanitarios". 

Además, "la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres" e impulsará el acceso a los anitconceptivos, también por parte de los hombres.

El texto -que todavía no es público y está en fase de negociación en el seno del Gobierno para ser aprobado en el Consejo de Ministros- contemplará también la educación sexual en todas las etapas educativas. Una educación mediante la cual el Gobierno pretende que los jóvenes "aprendan" a relacionarse "desde el respeto y los buenos tratos"; a conocer sus cuerpos, "las diferentes posibilidades de vivir y sentir la sexualidad"; y para "conocer los diferentes tipos de anticonceptivos y la importancia de utilizarlos y cómo acceder a ellos, también para prevenir las infecciones de trasmisión sexual".