Opinión

Cosas que ocurren en Cataluña

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
QUIQUE GARCÍA / EFE

Aunque el procés fracasó en 2017, y hoy casi nadie cree ya en la vía unilateral, en Cataluña siguen pasando cosas inquietantes que no pueden ser despachadas como anécdotas.

En vísperas del parón navideño, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que un año antes había sido restituido en su cargo, fue cesado por el Govern de Pere Aragonès. A los republicanos no les gustaba su independencia de criterio al frente de la policía autonómica, pues Trapero se había vuelto alérgico a las interferencias de los políticos tras la dura experiencia vivida con el procés. El separatismo en su conjunto seguía sin perdonarle su declaración en el Supremo, en la que calificó de irresponsables a los miembros del Govern y reveló que tenía diseñado un plan para detener a Puigdemont, Junqueras y Forn. Peor sentó el reconocimiento público que hizo de sus errores al frente de los Mossos tras ser absuelto ("todos pudimos haber hecho las cosas mejor, yo el primero. Los Mossos dimos una imagen de algo que no estábamos haciendo. Quizás no fuimos claros. Nuestras actitudes no deben dar pie a malas interpretaciones").

Su purga tiene un aire de venganza con la excusa de "feminizar y modernizar" el cuerpo, y de paso sirve para poner bajo control posibles investigaciones sobre corrupción, como la que los Mossos destaparon hace tiempo sobre los contratos fraccionados de Laura Borràs, hoy presidenta del Parlament.

Si la destitución de Trapero es inquietante porque el mayor se había convertido en la mejor garantía de que los Mossos estaban vacunados contra ciertas ambigüedades, no es menos grave para la defensa del Estado de derecho que los jueces sigan huyendo de Cataluña, tal como denuncian las asociaciones profesionales y se refleja en el abultado número de plazas vacantes, según los datos del CGPJ.

Desde hace años existe un clima hostil contra los jueces que, junto al mayor coste del precio de la vida, hace de Cataluña una tierra de paso plagada de deserciones. Esta animadversión se fomenta desde el propio Govern cuando, por ejemplo, se alienta a los docentes a desobedecer las órdenes judiciales de impartir un 25% de clases en castellano y se les promete la defensa jurídica desde la Generalitat.

Más inquietante es aún que desde el Ejecutivo catalán, según un acuerdo que aprobó la semana pasada, se amenace "por la vía política, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza" a las familias o entidades que exijan el fin de la escuela monolingüe con el falso argumento de que van contra el catalán.

Todo ello son cosas lamentables que pasan en Cataluña, aunque en el otro lado hay que celebrar que las entidades civiles constitucionalistas estén muy activas y en posición de ganar cada vez más batallas.

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