No hay piedad para el diésel. No al menos en la dialéctica empleada por el Gobierno sobre los vehículos que consumen esta forma de combustible fósil ahora tan demonizada. Y digo ahora porque hubo un tiempo, no tan lejano, en que los motores turbodiésel eran bendecidos en términos medioambientales por considerarse más eficientes e incluso menos contaminantes que los de gasolina al emitir a la atmósfera menor volumen de CO2, el responsable del calentamiento global. La maldición llegó con la preocupación en las grandes ciudades por el exceso de dióxido de nitrógeno que despiden los tubos de escape de los vehículos diésel, unas partículas consideradas aún más nocivas para la salud humana.

El problema es que para cuando se propagó el sambenito el parque automovilístico de nuestro país y el de media Europa ya registraba un mayor porcentaje de coches diésel que de gasolina. A partir de 2012 comenzó a invertirse esa tendencia y en el último año se ha acelerado drásticamente hasta el punto de plantear al sector serios problemas de readaptación en sus cadenas de montaje.

En las ventas del pasado mes de agosto (que batieron todos los récords por las gangas de los concesionarios ante la entrada en vigor el 1 de septiembre del nuevo modelo de homologaciones en consumo y emisiones) solo un 37% fueron de vehículos diésel. Una caída imparable por más que la industria manifieste que su tecnología está en condiciones de rebajar de forma categórica el dióxido de nitrógeno que emiten esos motores. Ya no parece posible la marcha atrás y más teniendo en cuenta las perspectivas halagüeñas que empiezan a proyectar los coches eléctricos.

El problema es qué hacer ahora con los millones de vehículos diésel que ruedan por las calzadas y carreteras de España y sobre los que pesa la amenaza de un paulatino acorralamiento. A los comentarios, más o menos velados, que fueron conformando en los últimos meses este retraimiento, se ha unido esta semana la mayor contundencia del propio presidente del Gobierno anunciando la incorporación, en 2019, de la nueva fiscalidad del diésel, combustible que él adjetivó como altamente contaminante. Pedro Sánchez se esforzó en aclarar que de esa sobrecarga impositiva quedarían exentos los profesionales que usan el vehículo para trabajar, algo fácil de decir pero no tanto de poner en práctica. Está por ver quiénes y cómo se librarían de la penalización sobre el consumo de un carburante que antes nadie maldecía.

No todo el mundo puede cambiar de coche como de camisa. Tendría sentido el desincentivar la compra de nuevos vehículos diésel o estimular económicamente el acortamiento de su vida útil, pero azotar impositivamente a los propietarios de esos automóviles como si fueran delincuentes ambientales ni es justo ni se lo recomendaría a ningún Gobierno con unas elecciones en ciernes dado el enorme volumen de damnificados. De hacerlo así, y de forma categórica, se interpretaría como un dislate con fines recaudatorios más que como una medida sensata para proteger la atmósfera. Y los demonios del diésel se volverían contra ellos como una maldición.