El pasado 26 de octubre, Mario Draghi, gobernador del Banco Central Europeo, anunció en su tradicional rueda de prensa tras el consejo de Gobierno del Banco que dadas las concidiones de crecimiento y de expectativas de inflación, el Banco Central Europeo iniciaría la retirada gradual de sus estímulos monetarios, a través de la limitación de las compras masivas de bonos que venía desarrollando desde inicios del año 2015. Es el comienzo del fin del llamado Quantitative Easing, o de la expansión cuantitativa del balance del Banco Central Europeo.

El QE, como se le conoce para abreviar, es una política monetaria alternativa que puso de moda la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra, consistente en la compra masiva de deuda a largo plazo, pública y privada, para facilitar la bajada de tipos de interés en la eurozona y promover así la inversión y el crecimiento de la actividad económica. Durante este tiempo, no han faltado detractores, de un lado y de otro, que alertaban de que tal disponibilidad de liquidez en el mercado podría suponer una burbuja en los activos financieros. Cabe recordar que entre 2015 y 2017, el Banco Central Europeo ha comprado 60.000 millones mensuales de deuda, esto es, más de 1,5 billones de euros, suficiente para comprarse entera la economía española.

El impacto de esta medida en los tipos de interés ha sido relevante: durante estos años, la deuda pública ha encontrado rentabilidades muy bajas, de manera que, por ejemplo España ha pasado de pagar un promedio del 3,50% de tipo de interés en diciembre de 2014 a pagar un 2,6% en octubre 2017, esto es, y convertido a cifras de presupuestos generales del estado, unos nueve mil millones de euros menos al año, con una reducción de la prima de riesgo de 200 puntos básicos a inicios de 2015 a los actuales 108. La bajada de tipos y la vuelta de la inversión provocada por la misma ha tenido que ver con la recuperación económica en la eurozona y España.

Se supone que el Banco Central Europeo mantendría su política de QE en la medida en que la inflación no alcanzase el objetivo a largo plazo, que es cerca, pero inferior al 2%. Esta cifra se alcanzaría –en torno al 1,7%- en 2019 según las previsiones del propio Banco Central. Ha llegado, por lo tanto, el momento de ir limitando la barra libre de financiación.

Para España, esta medida no es positiva, aunque tampoco un desastre. Efectivamente, una vuelta de tipos de interés más altos puede debilitar las todavía frágiles bases de nuestra economía, pero España estaba experimentando ya un diferencial de inflación con el resto de la eurozona, aunque las previsiones para 2018 y 2019 la situaban cerca de la de la eurozona. Cabe recordar que el diferencial de inflación entre España y la eurozona, y los bajos tipos de interés, fueron los que desataron nuestro proceso de endeudamiento masivo antes del estallido de 2008. Que se modere, de esta manera, el acceso a financiación barata puede servirnos para imponer algo de disciplina en una economía adicta a la deuda y a la especulación.

Especial atención habrá que poner al comportamiento de la deuda pública: si las compras se reducen paulatinamente, tendremos que esperar a ver si los tipos de interés de la deuda crecen. De ser así, España tendrá que destinar a futuro más dinero para hacer frente a sus obligaciones financieras, en detrimento de las necesidades de atención de otras políticas como el gasto social o las políticas de inversión pública. En un contexto de prórroga de presupuestos, y todavía en un procedimiento de déficit excesivo, no es buena noticia para nuestras cuentas públicas.

¿Y el consumidor? Esperen una subida de tipos de interés. Conviene tenerlo en cuenta para no emocionarse con las facilidades de endeudamiento que nos ofrecen los bancos. No caigamos en el mismo error otra vez.